Los sindicatos han amenazado con ir a la huelga por la crisis de MUFACE, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Es difícil calificar el nivel de hipocresía, pero creo que con brutal bastaría. Hasta ahora un millón y medio de funcionarios y sus familias han sido atendidos por aseguradoras privadas pagadas por el Estado para recibir una cobertura exclusiva fuera del sistema público.

No se trata de un complemento salarial ni de una mejora laboral costeada por quienes la disfrutan. Estamos hablando de dinero público destinado a que un colectivo concreto pueda elegir una red sanitaria distinta de la que utiliza el resto de los ciudadanos. Es decir, el Estado financia con impuestos de todos un sistema paralelo reservado para algunos.

El problema no es que MUFACE exista. El problema es que defiendan el sistema las mismas personas y organizaciones que luego salen a la calle a protestar por la privatización de la sanidad o la escuela pública. Cuando la gestión privada afecta a todos, la llaman privatización. Cuando garantiza su propio régimen especial, la llaman derecho. La diferencia no es ideológica. La diferencia es que esta vez el privilegio es suyo.

¿Cómo se come eso? Pues para ti la pública y para mí MUFACE. Por la cara.

Si hay algo que reprocharle a Jordi Évole no es que entrevistara a Arnaldo Otegi, sino que no lo haga más a menudo. Muchos han reaccionado ante el testimonio de Otegi recordando el abusado concepto arendtiano de la banalidad del mal. Jugando con la idea de que hasta los hombres más normales pueden cometer y justificar las peores atrocidades.

La mayoría de personas, sin embargo, no mira hacia otro lado cuando se mata con un tiro en la nuca. Ni justifica un coche-bomba en nombre de una patria mítica y mística. Es la incapacidad para pensar moralmente, la falta de empatía ante el sufrimiento gratuito y la voluntad de no condenar la violencia más abyecta lo que diferencia a Arnaldo Otegi de la mayoría de personas. «El mal humano carece de límites cuando no provoca remordimiento alguno, cuando sus actos se olvidan tan pronto como se cometen», escribió Jerome Kohn a propósito de la obra de Hannah Arendt.

A Iñigo Errejón (PODEMOS) le está sucediendo lo mismo que a Beatriz Talegón (PSOE), aquella joven militante que pronunció un discurso incendiario en Lisboa contra la casta socialista. Ambos pasaron de la militancia callejera a la portada de los periódicos sin tiempo para recular. Elevaron tanto el listón que se han obligado a vivir con la perfección moral que reclamaban sus discursos.

A Talegón le duró poco la luna de miel. Apenas una semana después de asaltar el prime time con aquel discurso sin papeles, tuvo que enfrentarse al juicio traspapelado de la calle, que la despidió a gritos cuando apareció en una manifestación junto a un ex-ministro. Talegón fue transmutando en casta mientras la escoltaban hacia la salida, aunque unos días antes hubiera denunciado la incoherencia de viajar en coches de lujo, hospedarse en hoteles de 5 estrellas y proclamarse socialista, pero ya se sabe que la calle es pejiguera.

La luna de miel de Iñigo Errejón, en cambio, ha durado un poco más. En este tiempo, Errejón ha liderado (en compañía de otros camaradas, que todos somos uno) la estrategia política de PODEMOS. Ha convertido un movimiento nacido a la luz del Sol en la tercera fuerza política de España en estimación de votos, mientras sus miembros se integraban con mucha eficacia en las tertulias políticas de este país, que falta hacía.

Hay dos cosas que los europeístas podrían aprender de Nigel Farage y compañía. La primera es no confundir nunca más la crítica a Europa con la fobia a Europa (escribiré cien veces en la pizarra: no toda la crítica a Europa es mala). Cuando lo hacen, se acaba mezclando churras con merinas, y así no hay quien se aclare. ¿Euroescépticos, eurófobos, populistas o fanáticos anti-sistema?

En segundo lugar, deberían aprender que a veces una buena pregunta basta para recuperar la atención de un auditorio somnoliento. Si algo debemos reconocerle a los críticos irredentos es que, entre tanta cháchara euroescéptica, a veces se les escapa alguna pregunta (im)pertinente . ¿Puede un país en una unión de Estados que garantiza la libre circulación de ciudadanos dar prioridad a sus nacionales frente a otros en el acceso a los servicios sociales? ¿Pueden caer Gobiernos en Europa al compás de la batuta de Bruselas?

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